domingo, 08 mayo 2011
Burgomaestre de Casa Grande, Alejandro Navarro Fernández, comunicó ayer a Azucarera sobre proceso sancionador que le iniciará la Comuna a raíz de que quedó sin efecto la medida cautelar presentada por la empresa a fin de evitar un posible cierre.
Desde inicios del presente año la empresa Casa Grande corre el riesgo de ser sancionado con un cierre temporal debido a que no cuenta con el Certificado Multidisciplinario del Instituto Nacional de Defensa Civil, y un estudio de impacto ambiental en relación a sus actividades económicas en Ascope.
Y tal posibilidad cobra fuerza luego de que el juez Rodolfo Pérez Paredes revocó la medida cautelar interpuesta por la Azucarera a fin de que se le conceda seis meses para poder conseguir el certificado requerido ante INDECI.
Esto según declaraciones del alcalde de la Comuna casagrandina, Alejando Navarro Fernández, para quien el juez ratificó un error al que le habría hecho caer la empresa al mal informarle que la medida sancionadora del Municipio tuvo un carácter arbitrario. “Y no es así, hemos comenzado el proceso sancionador desde el 14 de enero y en reiteradas ocasiones notificamos a la empresa”, manifestó.
Es más, el burgomaestre en mención informó, mediante el hilo telefónico, que ayer comunicó a la empresa agroindustrial sobre el inicio en sí del proceso sancionador. “Ya se comprobó que no tienen el certificado multidisciplinario, el cual solicitaron recién el 12 de abril a INDECI… De aquí se le da un plazo de cinco días para que presenten su descargo, el cual es mero trámite porque no cuentan con el documento, y luego procedería la sanción en sí”, expresó, e indicó que de no prosperar las acciones judiciales que obraría la Azucarera, en 10 días se concretaría la paralización. “Sus abogados son expertos en alargar las cosas, en poner obstáculos”, agregó.
De otro lado, voceros de Casa Grande han comunicado que no existe resolución de suspensión de la medida cautelar, sino que se ha dispuesto la renovación del acto de notificación de la solicitud cautelar presentada por la Agroindustrial. En otras palabras, se trataría de una cuestión más de forma que de fondo.
A esto, el alcalde Alejandro Navarro responde que la empresa siempre busca alargar el tema, en el que no tiene injerencia en sí el Poder Judicial puesto que toda Comuna, en base a la Ley General de Municipalidades, tiene la potestad de cerrar hasta 45 días a una entidad privada si incumple con algún requisito para su funcionamiento.
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