miércoles, 13 de abril de 2011La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial –OCMA- que jefatura el Juez Supremo doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, mediante resolución N° 03 ha dispuesto la suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial de los doctores Judith Vergara González y José Helí Gálvez Chávez, Juez Suplente y Juez Titular del Juzgado Mixto de Paiján, respectivamente.
Según la resolución “se justifica dictar medida urgente que permita alejar a los investigados del cargo que ocupan hasta que se resuelva en definitiva su situación jurídica, toda vez que luego de la evaluación, se ha llegado a establecer una alta probabilidad –verosimilitud- de que José Elí Gálvez Chávez y Judith Vergara Gonzales, se encuentran incursos en responsabilidad disciplinaria por la comisión de falta muy grave, razón por la cual, es muy probable que serán merecedores de la sanción disciplinaria de destitución”.
También manifiestan en su resolución, que es muy probable que en el futuro vuelvan a incurrir en hechos similares de inconducta funcional, por lo que, su permanencia en el cargo afectaría gravemente la imagen y la respetabilidad del Poder Judicial.
La OCMA ha emitido la mencionada resolución a pedido de la ODECMA de La Libertad, que en su resolución manifiesta que dichos magistrados han amparado ilegalmente a Andrés Briceño Contreras, un trabajador que fue contratado como seguridad por los hermanos Sánchez Alayo a partir del 3 de diciembre de 2010 y el 15 de diciembre (con 12 días de trabajo) presenta la denuncia de Amparo para que cese una supuesta “amenaza” de vulneración a la libertad del trabajo, y remuneración digna, y se designe para ello a un órgano colegiado integrado por Simón Agapito, Lola Rosmery, Manuel Andrés y Carlos Alberto Sánchez Alayo, para que ejerzan la administración judicial de la Minera San Simón S.A.
Los magistrados quejados no han tenido en cuenta que el demandante Andrés Briceño Contreras, según su DNI domicilia en el Callao, su lugar de trabajo es la ciudad de Lima y en la cláusula de su contrato dice se somete a los jueces de la jurisdicción de Lima, y pone como domicilio de la demandada la ciudad de Lima; por ende no le correspondía la demanda de amparo en Paiján.
Como se sabe Minera San Simón S.A., una de las principales productoras de oro en el Perú, tiene actualmente como Administrador Judicial y legal a Gonzalo Lizardo Oscar Alzamora Ruiz, quien defiende los intereses de Manuel Sánchez Paredes; pero los hijos de Manuel, los hermanos Sánchez Alayo a través de Andrés Briceño Contreras, y gracias al amparo ilegal concedido por los jueces de Paiján, han tomado el control de la Mina lo que viene perjudicando a más de dos mil trabajadores que se encuentran impagos, pues se ha paralizado las operaciones mineras afectando a los mineros y a sus familias.
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