Funcionarios de la Ocma fiscalizaron los juzgados de Huamachuco, Paiján, Chocope, Cartavio, La Esperanza y Trujillo.

jueves, 24 marzo 2011

Más de 270 reos de alta peligrosidad se encuentran en las calles gracias a los beneficios penitenciarios que desde el 2007 se otorgan a diestra y siniestra en la región La Libertad.

Según representantes de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), aproximadamente 200 delincuentes obtuvieron su libertad amparados en informes de buena conducta del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y por jueces que, valiéndose de este escrito, habrían otorgado el beneficio de libertad condicional.

Existen otros 70 casos de personas en libertad que, actualmente, se encuentran bajo orden de captura y que un número menor habría fallecido, precisaron los inspectores de la Ocma que arribaron el último lunes a la ciudad.

A esta conclusión llegó Jackeline Leal Yalán, responsable de la Unidad de Visitas y Prevención; y Enrique Mendoza Vásquez, el responsable de la Unidad de Investigación Anticorrupción de la Ocma, tras una exhaustiva auditoría a los órganos jurisdiccio nales en La Libertad.

EL TIEMPO CORRE.

"Estos casos serán llevados a Lima para su investigación porque al parecer hay gravísimas irregularidades que ha cometido el personal del Inpe en los informes (psicológicos de readaptación a la sociedad) que han derivado a los jueces.

Y los magistrados serán investigados por la facilidad en otorgar la libertad condicional a reos que deberían estar purgando condena por su alto índice de peligrosidad", denunciaron las autoridades judiciales.

Indicaron que en un plazo no mayor de diez días se darán a conocer los nombres de las autoridades que cometieron irregularidades y la sanción que recaerá sobre ellos.

"No estamos en contra de los beneficios penitenciarios, pero a este derecho se deben acoger las personas que merezcan esta libertad. Creemos en la reinserción de las personas a la sociedad, pero denunciaremos los actos de corrupción ante el Ministerio Público", declaró Mendoza Vásquez.

AL DESCUBIERTO.

En la visita que inició el pasado lunes y finalizó ayer, 40 funcionarios de la Ocma fiscalizaron los juzgados de Huamachuco, Paiján, Chocope, Cartavio, La Esperanza y Trujillo.

Es más, detectaron que en la Sala Penal de Liquidación, en el Primer Juzgado de Familia, en el Segundo Juzgado de Paz y en el Quinto Juzgado Laboral de Trujillo, así como en el Juzgado Mixto de Paiján, los magistrados guardaban en el sistema informático "escritos indebidos de pronunciamiento en procesos judiciales que les está prohibido de litigar".