Lunes,16 Agosto 2010A dos años y medio de que denunciaran al gobierno por arrebatarles sus tierras, los comuneros de San Pedro de Lloc (La Libertad) recibieron alborozados la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Trujillo, que confirma su titularidad en las más de 53 mil hectáreas en disputa.
La sentencia de la Segunda Sala declara fundada la demanda presentada por los comuneros contra el Instituto Nacional de Desarrollo (Inade) y el Proyecto Especial Jequeteque-Zaña (Pejeza) que declararon “eriazas” las tierras para venderlas a empresas privadas.
Las autoridades procedieron a la venta sin revisar los planos catastrales, amparados en el decreto supremo 556 que autoriza a Inade a inscribir las tierras eriazas aledañas a los proyectos especiales de irrigación. El decreto fue expedido en 1990 por Alan García.
Esta irregularidad es revertida por el fallo del tribunal, que declara nula la inscripción de los asientos registrales porque “fueron asentados irregularmente”, con lo que reconoce la propiedad de los comuneros sobre las tierras en disputa.
Propiedad comunal
El presidente de la comunidad, Alfredo Arrivasplata, señaló que entre los documentos que acreditan la propiedad comunal de los terrenos se cuentan títulos de propiedad, resoluciones supremas y ministeriales.
El dirigente recordó que de acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1979, las tierras de las comunidades campesinas y nativas eran inajenables, inviolables e inembargables.
Hace dos años, la publicación de la denuncia comunal en LA PRIMERA fue respondida con una demanda contra nuestro diario y contra el periodista Efraín Rúa por Alan Simón García Nores, hijo del presidente Alan García, al que los comuneros sindicaron de haber respaldado a los compradores de tierras.
Miriam Reyes, vocal de la comunidad, afirmó que con el fallo del tribunal podrán recuperar unas 53 mil hectáreas que les fueron arrebatadas por el gobierno de García.
En la oportunidad, los comuneros denunciaron que esos terrenos son apetecidos por grandes empresas que se beneficiarán con el proyecto especial Gallito Ciego, una obra elefantiásica que costó 283 mil millones de dólares y que no beneficia a los campesinos de la zona, sino a empresas agroexportadoras como Gandules INC SAC, que cuentan con el visto bueno del gobierno.
Los campesinos acusan al Estado de realizar grandes proyectos de irrigación para beneficio de pocos. Así, el ex regidor César Cáceres Vargas denunció que el 2008 la represa arrojó al mar más de 160 millones de metros cúbicos de agua, sin que la comunidad pueda usar el sobrante.
Los comuneros denunciaron además que grupos de poder, como los Perciles Sánchez, se encuentran tras los terrenos en cuestión. Una de las empresas interesadas en las tierras es Pacific Bird, a cargo del proyecto Cupisnique, que pretende instalar unas 90 antenas eólicas sobre el territorio comunal.
La invasión de las tierras en estos dos años provocó enfrentamientos con la policía, el desalojo de numerosos campesinos, la depredación de los bosques, así como una serie de amenazas judiciales contra los denunciantes.
Policías, jueces y fiscales, en fin, todo el aparato del Estado fue utilizado para desacreditar la lucha campesina, que obtiene una victoria jurídica gracias a la probidad de los jueces de la Segunda Sala Civil.
La sentencia de la Segunda Sala declara fundada la demanda presentada por los comuneros contra el Instituto Nacional de Desarrollo (Inade) y el Proyecto Especial Jequeteque-Zaña (Pejeza) que declararon “eriazas” las tierras para venderlas a empresas privadas.
Las autoridades procedieron a la venta sin revisar los planos catastrales, amparados en el decreto supremo 556 que autoriza a Inade a inscribir las tierras eriazas aledañas a los proyectos especiales de irrigación. El decreto fue expedido en 1990 por Alan García.
Esta irregularidad es revertida por el fallo del tribunal, que declara nula la inscripción de los asientos registrales porque “fueron asentados irregularmente”, con lo que reconoce la propiedad de los comuneros sobre las tierras en disputa.
Propiedad comunal
El presidente de la comunidad, Alfredo Arrivasplata, señaló que entre los documentos que acreditan la propiedad comunal de los terrenos se cuentan títulos de propiedad, resoluciones supremas y ministeriales.
El dirigente recordó que de acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1979, las tierras de las comunidades campesinas y nativas eran inajenables, inviolables e inembargables.
Hace dos años, la publicación de la denuncia comunal en LA PRIMERA fue respondida con una demanda contra nuestro diario y contra el periodista Efraín Rúa por Alan Simón García Nores, hijo del presidente Alan García, al que los comuneros sindicaron de haber respaldado a los compradores de tierras.
Miriam Reyes, vocal de la comunidad, afirmó que con el fallo del tribunal podrán recuperar unas 53 mil hectáreas que les fueron arrebatadas por el gobierno de García.
En la oportunidad, los comuneros denunciaron que esos terrenos son apetecidos por grandes empresas que se beneficiarán con el proyecto especial Gallito Ciego, una obra elefantiásica que costó 283 mil millones de dólares y que no beneficia a los campesinos de la zona, sino a empresas agroexportadoras como Gandules INC SAC, que cuentan con el visto bueno del gobierno.
Los campesinos acusan al Estado de realizar grandes proyectos de irrigación para beneficio de pocos. Así, el ex regidor César Cáceres Vargas denunció que el 2008 la represa arrojó al mar más de 160 millones de metros cúbicos de agua, sin que la comunidad pueda usar el sobrante.
Los comuneros denunciaron además que grupos de poder, como los Perciles Sánchez, se encuentran tras los terrenos en cuestión. Una de las empresas interesadas en las tierras es Pacific Bird, a cargo del proyecto Cupisnique, que pretende instalar unas 90 antenas eólicas sobre el territorio comunal.
La invasión de las tierras en estos dos años provocó enfrentamientos con la policía, el desalojo de numerosos campesinos, la depredación de los bosques, así como una serie de amenazas judiciales contra los denunciantes.
Policías, jueces y fiscales, en fin, todo el aparato del Estado fue utilizado para desacreditar la lucha campesina, que obtiene una victoria jurídica gracias a la probidad de los jueces de la Segunda Sala Civil.
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